El Gobierno de Argentina, bajo la dirección de Javier Milei, ha implementado un cambio radical en la política de comunicación oficial: la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. Esta medida, que excluye formas de género neutro y la inclusión sistemática del femenino en documentos oficiales, refleja una nueva dirección en la gestión gubernamental.
La nueva normativa sobre el lenguaje
El anuncio hecho por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, especifica que el uso del lenguaje inclusivo, incluyendo la letra -e, la arroba, y la -x, queda vetado en todas las comunicaciones y documentos oficiales. Esta decisión se alinea con una resolución previa en el Ministerio de Defensa, enfatizando la importancia de adherirse a las normas de la Real Academia Española para garantizar claridad y evitar malentendidos.
Antecedentes de la decisión
Este veto al lenguaje inclusivo en Argentina marca una notable diferencia con la administración anterior, que había fomentado su uso como parte de un esfuerzo por promover la inclusión y la perspectiva de género en las comunicaciones oficiales. La medida ha generado un amplio debate, con opiniones encontradas sobre su impacto en la sociedad argentina.
Reacciones y perspectivas futuras
La decisión ha dividido opiniones: mientras algunos ven en ella un paso hacia la simplificación de la comunicación oficial, otros la consideran un retroceso en los avances hacia una sociedad más inclusiva. La prohibición del lenguaje inclusivo por el gobierno de Milei no solo afecta la administración pública sino que también envía un mensaje claro sobre las prioridades y valores de la actual gestión.
