Tamaulipas, 17 de diciembre de 2024 – Las diputadas federales Casandra Prisilla de los Santos Flores y Claudia Hernández Sáenz; acusadas de promover aumentos en el Impuesto Predial y la creación de nuevos impuestos, en lugar de defender a los ciudadanos. Esta crítica surge en el contexto de la reciente reforma al Infonavit, que, según los líderes sindicales, podría evadir 2.4 billones de pesos que pertenecen a los trabajadores.
Críticas a la reforma y demandas de los trabajadores
En una rueda de prensa, Edmundo García Román, secretario general de la Federación Local de Trabajadores en Tamaulipas, junto con líderes de diferentes organizaciones, expresó su descontento con la reforma aprobada en el Senado. Indicaron que esta rompe el esquema tripartito y concede mayor poder al Gobierno en los comités del Infonavit, poniendo en riesgo la supervisión de recursos y las inversiones.
García Román enfatizó que no hubo diálogo ni Parlamento Abierto en el proceso, calificando la situación como un “albazo” legislativo.
Impacto de la reforma en los trabajadores
En el sur de Tamaulipas, cerca de 40 mil trabajadores han solicitado créditos para acceder a una vivienda digna. Sin embargo, rechazados en parte por los cambios introducidos por la reforma. El sindicato alerta sobre la creación de un instituto externo para gestionar los fondos, lo que podría generar opacidad en el uso de recursos destinados a la clase obrera.
Postura de las diputadas
Las diputadas, al ser señaladas, defienden sus acciones en el Congreso, argumentando buscar mantener finanzas públicas saludables y apoyar a los municipios. Sin embargo, la percepción popular es que sus posturas favorecen a intereses políticos y económicos en detrimento del bienestar de los ciudadanos que representan.
Reacciones y posibles acciones de protesta
García Román subrayó que si el diálogo no se escucha, están dispuestos a movilizarse y llevar a cabo paros y bloqueos a nivel nacional, bajo el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). La situación ha generado inquietud en la comunidad y ha llevado a varios sectores a exigir una revisión de las decisiones tomadas por las diputadas y sus implicaciones para la población.
